La Agencia Tributaria ha decidido aumentar el control sobre las operaciones digitales a partir de 2026. Este cambio forma parte del Plan de Control Tributario 2026, que busca adaptarse a la evolución de la economía digital.

Las nuevas medidas afectarán a diversos sectores, incluyendo el comercio electrónico, el sector inmobiliario y las criptomonedas. Se espera que estas acciones contribuyan a una mayor transparencia y cumplimiento fiscal en las transacciones digitales.

Marco normativo y Plan de Control Tributario 2026

En los últimos años, la digitalización ha transformado el entorno económico, lo que ha llevado a la Agencia Tributaria a adoptar nuevas estrategias para garantizar el cumplimiento fiscal. El Plan de Control Tributario 2026 marca un cambio significativo en este contexto, estableciendo un marco normativo más robusto y adaptado a la realidad actual de las transacciones digitales.

La nueva regulación, reflejada en el Real Decreto 253/2025, tiene como objetivo principal proporcionar herramientas más efectivas para supervisar las operaciones realizadas a través de plataformas digitales y entidades de pago. Este marco legal unifica las obligaciones informativas, que anteriormente diferían entre bancos y entidades de dinero electrónico, garantizando un control más exhaustivo sobre el flujo económico de los contribuyentes.

• Implementación de informes mensuales por parte de las entidades de pago, en lugar de los informes anuales anteriores.
• Eliminación de umbrales mínimos para reportar transacciones, lo que permitirá una vigilancia constante.
• Provisión de información más detallada sobre los movimientos económicos relacionados con actividades comerciales regulares.

Las nuevas directrices, que comenzarán a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026, reflejan la intención de Hacienda de adaptarse a un panorama en constante evolución. La Administración tiene como meta identificar y abordar la evasión fiscal en sectores que tradicionalmente han evadido el control tributario, garantizando un sistema más equitativo.

Este Plan no solo se centra en el ámbito digital, sino que también integra medidas que abarcan aspectos clave de la economía española. Al establecer un marco normativo sólido y coherente, se espera mejorar la recaudación fiscal y promover la transparencia. Con las herramientas adecuadas y un enfoque coordinado, la Agencia Tributaria está posicionándose para hacer frente a los retos que plantea la economía moderna.

Control y supervisión de operaciones digitales

La supervisión de las operaciones digitales ha adquirido un papel fundamental en la agenda de la Agencia Tributaria. En un entorno donde las transacciones a través de plataformas digitales han proliferado, es imprescindible adaptar los mecanismos de control para garantizar un cumplimiento fiscal adecuado.

Con la implementación del nuevo marco regulatorio, las entidades de pago y de dinero electrónico se verán obligadas a cumplir con estrictas obligaciones informativas. El objetivo principal es conseguir una trazabilidad de las operaciones que permite detectar cualquier actividad que no se ajuste a la normativa fiscal vigente.

• La obligación de informar de estos flujos económicos será de carácter mensual. Esto implica un seguimiento constante que permitirá a Hacienda analizar en tiempo real el comportamiento de los contribuyentes.
• Todas las transacciones, sin importar su volumen, estarán sujetas a escrutinio. Ya no será necesario alcanzar umbrales de importe para que se active la obligación de informar, lo que amplía significativamente la capacidad de control.

Este modelo de vigilancia no se limitará únicamente a las transacciones realizadas a través de bancos tradicionales. Con el auge de medios de pago innovadores, como Bizum, la Agencia Tributaria busca que estas plataformas disfruten de la misma rigurosidad en el control. Se trata de garantizar que ninguna operación se escape del marco tributario establecido.

La integración de datos provenientes de múltiples fuentes, como plataformas de comercio electrónico y servicios de pago, permitirá realizar análisis más completos y detallados. Este enfoque interconectado es esencial para identificar prácticas fraudulentas y asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus deberes fiscales de manera equitativa.

Control tributario en el comercio electrónico y negocios digitales

El auge del comercio electrónico ha transformado la manera en que se llevan a cabo las transacciones comerciales. En este contexto, la Agencia Tributaria ha intensificado su atención hacia el control tributario de las actividades realizadas en plataformas digitales. Este enfoque busca asegurar que los ingresos generados a través de internet sean debidamente declarados y tributen conforme a la normativa vigente.

Para lograr una supervisión más efectiva, se implementarán procesos de recopilación de datos que integrarán información de diversas fuentes. Por ejemplo, las declaraciones informativas de proveedores de servicios de pago se cruzarán con datos obtenidos de plataformas de comercio electrónico, siguiendo directrices como la DAC7. Este cruce de información permitirá detectar posibles irregularidades en las obligaciones fiscales de los contribuyentes.

• Evaluación de la tributación adecuada de bienes y servicios vendidos online.
• Verificación de las declaraciones de ingresos de creadores de contenido en redes sociales.
• Control de las operaciones comerciales realizadas a través de marketplaces.

Uno de los aspectos clave de este control se centra en la detección de fraudes. Se está priorizando la identificación de prácticas que intentan eludir el cumplimiento tributario mediante la utilización de estructuras complejas o la subdeclaración de ingresos.

La colaboración entre la Agencia Tributaria y las plataformas digitales también es fundamental. Las entidades que operan en el ámbito del comercio electrónico podrán ser requeridas para que proporcionen información detallada sobre las transacciones realizadas por sus usuarios, facilitando así una supervisión más exhaustiva.

La implementación de estas medidas en el comercio electrónico representa un cambio significativo en la forma en que se gestionan y controlan los impuestos relacionados con las actividades digitales. El objetivo es adaptar la normativa a un entorno en constante evolución, garantizando una recaudación justa y equitativa en un sector que, hasta ahora, había estado parcialmente fuera del radar fiscal.

Medidas específicas en el sector inmobiliario

El sector inmobiliario ha sido objeto de un enfoque riguroso por parte de la Agencia Tributaria, dado su historial de evasión fiscal. Las medidas implementadas buscan mejorar la transparencia y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias en todas las fases del negocio inmobiliario.

Un aspecto clave será la supervisión integral de las diversas etapas en las que se desarrolla la actividad inmobiliaria. Esto incluye desde la promoción y construcción hasta la comercialización e intermediación. Se pretende identificar riesgos asociados a deducciones improcedentes de gastos financieros o el uso abusivo de subcontratas, prácticas que han facilitado la elusión de responsabilidades fiscales en el pasado.

Valoración de inmuebles y transacciones

La Administración Tributaria centrará sus esfuerzos en aplicar criterios estrictos para la correcta valoración de los inmuebles durante las transacciones. Las operaciones realizadas entre entidades vinculadas serán vigiladas con especial atención, buscando prevenir la manipulación de precios que podría dar lugar a una reducción injusta de la carga fiscal.

Control de arrendamientos no declarados

La detección de arrendamientos que no han sido declarados también formará parte de los esfuerzos de control. Las visitas de verificación se dirigirán hacia aquellos arrendamientos residenciales que hayan sido omitidos en las declaraciones fiscales. En particular, se prestará atención a las prácticas irregulares dentro del ámbito del alquiler turístico, que tradicionalmente han escapado al radar tributario.

Colaboración con otras entidades

Para mejorar la eficacia de estas medidas, se implementará una colaboración estrecha con otros organismos y entidades involucradas en el sector inmobiliario. Esta coordinación tiene como objetivo obtener datos más precisos y completos sobre las transacciones realizadas, lo que facilitará el cumplimiento de la normativa fiscal y la reducción de la economía sumergida asociada a este sector.

Lucha contra la economía sumergida y facturación irregular

La economía sumergida sigue representando un desafío significativo para el sistema tributario español. Por ello, el Plan de Control Tributario 2026 pone especial énfasis en combatir este fenómeno que afecta tanto a la recaudación fiscal como a la equidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La estrategia adoptada incluye diversas medidas que buscan fiscalizar actividades económicas que se desarrollan fuera del marco legal.

• Se llevarán a cabo visitas sectoriales dirigidas a diversas actividades comerciales. Estas inspecciones centrarán su atención en el control de terminales de punto de venta (TPV). El objetivo es verificar que las transacciones se registren adecuadamente y que los pagos no se realicen en efectivo sin declaración.
• Se implementará un monitoreo constante sobre los pagos realizados mediante tarjetas. Esta vigilancia tiene como finalidad asegurar que todas las operaciones se incluyan en las declaraciones de los contribuyentes, minimizando así el riesgo de ingresos no declarados.
• Las inspecciones se enfocarán en la detección de prácticas de facturación irregular. Esta actividad suele utilizarse para ocultar ingresos que no se declaran a la Agencia Tributaria. Se trata de un problema complejo que requiere un control más riguroso sobre la información presentada por las empresas, especialmente aquellas que manejan un alto volumen de transacciones.

El compromiso de la Administración Tributaria también se traduce en un esfuerzo coordinado con otras entidades y organizaciones que puedan aportar datos relevantes para identificar y desmantelar entramados de facturación anómalos. La implementación de un sistema de colaboración con organismos del sector privado se presenta como una herramienta clave en esta lucha. Al combinar recursos y datos, se puede mejorar la efectividad de las acciones de supervisión.

Con estas iniciativas, las autoridades buscan crear un entorno más transparente y competitivo en el mercado, donde todos los actores cumplan con sus obligaciones fiscales. De esta manera, se pretende reducir el atractivo de operar en la economía sumergida y promover un sistema más justo para todos los contribuyentes.

Fiscalización y control de criptomonedas y activos digitales

La creciente popularidad de las criptomonedas ha puesto de manifiesto la necesidad de un control más riguroso sobre este tipo de activos digitales. Con el avance de la digitalización, el uso de criptomonedas ha crecido de manera exponencial, lo que ha llevado a la Agencia Tributaria a desarrollar un marco de supervisión específico para este ámbito.

Desde 2026, se prevén diversas medidas para garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales en relación con las criptomonedas. Estas iniciativas están dirigidas a reducir el riesgo de evasión fiscal y a asegurar que las ganancias y rentas generadas a través de activos digitales sean adecuadamente reportadas. En este contexto, se utilizarán herramientas avanzadas de tecnología blockchain para rastrear transacciones y determinar posibles ocultaciones de patrimonios.

• Intensificación de controles: La Agencia tributaria llevará a cabo actuaciones más rigurosas sobre aquellas personas y entidades que hayan utilizado criptomonedas, asegurando que declaren correctamente sus ganancias patrimoniales.
• Análisis de perfiles de riesgo: Se implementará un sistema que permitirá identificar contribuyentes con un comportamiento fiscal sospechoso, facilitando la detección de actividades irregulares.
• Cooperación internacional: Se buscará colaborar con otros países para intercambiar información sobre transacciones de criptomonedas, lo que permitirá una mayor transparencia y control global.

Este enfoque integral pretende abordar las oportunidades de evasión que surgen en el manejo de criptomonedas. Aumentar la vigilancia sobre los activos digitales no solo tiene como objetivo mejorar la recaudación fiscal, sino también promover un entorno económico más justo y equitativo. La Agencia Tributaria está decidida a eliminar la opacidad que ha caracterizado a este sector, imponiendo regulaciones que faciliten el cumplimiento de la normativa fiscal por parte de los contribuyentes.

Impacto y retos para contribuyentes y entidades obligadas

La implementación de un control más riguroso sobre las operaciones digitales plantea una serie de desafíos significativos tanto para los contribuyentes como para las entidades obligadas. El nuevo marco normativo exigirá una adaptación rápida y efectiva de todos los implicados para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los contribuyentes, en particular, deberán familiarizarse con las nuevas requerimientos de información. La transición de informes anuales a una periodicidad mensual significará un aumento en la carga administrativa, obligando a muchos a reorganizar sus procesos internos. Estos ajustes pueden suponer costos adicionales que afecten la operativa diaria de pequeños y medianos negocios.

• La comprensión de los nuevos requisitos de reporte será esencial para evitar sanciones.
• El seguimiento de las transacciones digitales requerirá una mayor atención y, en ocasiones, la incorporación de tecnología avanzada.
• El tratamiento de datos financieros deberá ser realizado con rigor para minimizar riesgos de auditorías por parte de la Administración.

Por su parte, las entidades obligadas, como bancos y plataformas de pago, tendrán que implementar cambios significativos en sus sistemas. La obligación de proporcionar información sobre todas las transacciones y la eliminación de umbrales puede generar una carga adicional de trabajo. Esto implica tanto un aumentos en los costes operativos como en la complejidad del cumplimiento regulatorio.

• La necesidad de adaptar sus sistemas tecnológicos será prioritaria para cumplir con las exigencias de información.
• Deberán realizar formaciones continuas a su personal para asegurar el manejo correcto de los nuevos procedimientos.
• El aumento de la vigilancia puede conllevar riesgos legales en caso de que no se cumplan las normativas establecidas.

En conjunto, tanto los contribuyentes como las entidades tendrán que afrontar un entorno donde la transparencia y el cumplimiento se convertirán en normas fundamentales. La capacidad de adaptarse a este nuevo marco determinará no solo la sostenibilidad de sus operaciones, sino también su rendimiento en un mercado cada vez más regulado.