El sistema público de pensiones es uno de los pilares del Estado del bienestar en España, pero también uno de los más cuestionados. La combinación de envejecimiento de la población, baja natalidad, aumento del gasto público y déficit estructural mantiene el debate encendido:

¿es sostenible el modelo actual? ¿Aumentarán impuestos? ¿Qué ocurrirá con las cotizaciones y con el IVA?

Aunque no existe una respuesta única, sí hay tendencias claras que afectan directamente al bolsillo de empresas, autónomos y trabajadores, y que seguirán intensificándose en 2025, 2026 y años posteriores.

1. El gasto en pensiones no deja de crecer

El gasto en pensiones supera ya el 12% del PIB, y podría acercarse al 15% en la próxima década. Esto ocurre por tres razones:

• Más jubilados cada año.

• Pensiones más altas por carreras laborales más completas.

• Revalorización anual según el IPC.

Esto afecta directamente a la política fiscal: cuanto más cuesta mantener el sistema, más presión existe para subir impuestos o cotizaciones.

2. Las cotizaciones sociales están aumentando… y seguirán haciéndolo

España ha apostado por financiar las pensiones principalmente vía cotizaciones, no vía impuestos.

Entre 2023 y 2030 están entrando en vigor:

• Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

• Incrementos anuales de la base máxima

• Subida paulatina de la cuota para empresas y trabajadores

• Nuevos tramos para autónomos por ingresos reales

Esto significa que trabajar será más caro, tanto para empresas como para autónomos.

3. ¿Habrá que subir impuestos como el IVA para financiar el sistema?

Aquí está una de las grandes dudas de los analistas.

El Gobierno insiste en que no es necesario, pero la realidad fiscal sugiere que:

• Los ingresos por IVA son menos volátiles que los del trabajo.

• La UE recomienda revisar tipos reducidos (10% y 4%).

• España recauda menos IVA que la media europea.

• El envejecimiento reducirá la población activa que paga cotizaciones.

Por tanto, en el horizonte 2026–2030, es probable que:

• Se revisen tipos reducidos del IVA.

• Se amplíe la base de productos al tipo general.

• Se limiten exenciones y reducciones.

Sin subir el tipo general del 21%, se puede recaudar muchísimo más.

4. Más impuestos “indirectos”: energía, transporte y medio ambiente

Para financiar las pensiones sin tocar el IVA, España puede optar por:

• Actualizar impuestos especiales (ya previsto para 2026).

• Reforzar peajes y tarifas energéticas.

• Impuestos verdes aprobados por la UE.

Estos impuestos también terminan afectando al IVA final, porque si sube el precio, sube la recaudación del IVA automáticamente.

5. ¿Cómo afecta todo esto al ciudadano medio?

El ciudadano sentirá una combinación de:

✔ Más cotizaciones laborales

Menos salario neto y más costes empresariales.

✔ Precios más altos por impuestos indirectos

Transporte, energía, servicios y bienes básicos.

✔ Mayor fiscalización de pagos y facturas

Factura electrónica, CESOP, control del IVA en tiempo real.

✔ Futuras revisiones del IVA reducido

Que afectarán directamente a la cesta de la compra.

Incluso si las pensiones se mantienen, el coste lo asumirá la población activa.

6. ¿Es sostenible el sistema de pensiones tal y como está?

Los expertos coinciden en que a medio plazo sí, pero con más impuestos y cotizaciones.

A largo plazo, sin reformas profundas:

• Se necesitará inmigración estable y masiva.

• El sistema podría requerir una segunda gran reforma.

• La edad de jubilación seguirá aumentando.

• Los beneficios fiscales podrían reducirse.

Conclusión: las pensiones seguirán existiendo, pero con más presión fiscal

El sistema no está en peligro de colapso inmediato, pero su sostenibilidad exige:

• Más ingresos fiscales

• Menos economía sumergida

• Más digitalización y control del IVA

• Cotizaciones más altas

• Posibles revisiones del IVA reducido

En resumen:

Las pensiones se mantendrán, pero pagaremos más impuestos directa o indirectamente.

Y esa tendencia continuará más allá de 2026.